Por el equipo editorial | Agencia MANL
Toluca, México.— El diputado local Octavio Martínez Vargas anunció ayer lunes que presentará una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México con el objetivo de tipificar un nuevo delito: la fabricación de delitos. La propuesta busca dar un giro histórico al sistema de justicia mexicano, donde actualmente, según cifras oficiales y organizaciones civiles, más de 15 mil personas inocentes permanecen privadas de su libertad en los 22 penales estatales.
La reforma contempla castigar no solo a quienes manipulen pruebas o elaboren expedientes falsos, sino también a quienes instruyan o autoricen la fabricación de delitos. Con esto, se intenta atacar una de las prácticas más notorias en la entidad: la criminalización de personas sin pruebas sólidas, a menudo como resultado de la corrupción policial, la venganza personal o las cuotas de detención impuestas a los ministerios públicos.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
El Estado de México tiene la mayor población carcelaria del país, con más de 33,000 personas privadas de su libertad, según la Secretaría de Seguridad del Estado. Diversos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han documentado que un alto porcentaje de las detenciones presentan irregularidades en su debido proceso: detenciones arbitrarias, falta de pruebas científicas, confesiones obtenidas bajo tortura o testigos fabricados.
La cifra de 15,000 inocentes señalada reiteradamente por el legislador representa casi la mitad de la población carcelaria mexicana, lo que evidencia una crisis de justicia. Colectivos como Presunción de Inocencia y Derechos Humanos han denunciado durante años que el sistema penal en la entidad se ha convertido en un mecanismo de castigo ejemplar sin pruebas suficientes, donde las víctimas son en su mayoría jóvenes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad.
PROPUESTA LEGISLATIVA La
iniciativa de Martínez Vargas busca garantizar que los responsables de estas prácticas —agentes ministeriales, investigadores policiales e incluso jueces— puedan ser procesados penalmente por fabricación de delitos. La tipificación de esta conducta, hasta ahora ausente en el marco legal, busca desincentivar una práctica arraigada en las corporaciones de seguridad y la procuración de justicia.
«Ahora quienes estarán en prisión serán precisamente quienes fabriquen o instruyan a fabricar delitos», enfatizó el diputado, señalando que esta reforma busca restaurar la confianza en las instituciones y frenar una práctica que genera víctimas directas y profundiza la crisis penitenciaria del Estado de México.
Expertos en derecho penal señalan que, además de tipificar como delito la fabricación de delitos, es fundamental garantizar mecanismos efectivos de investigación interna y supervisión judicial, así como fortalecer la independencia del Poder Judicial. De lo contrario, la figura podría quedar en letra muerta o aplicarse de manera discrecional.
La propuesta surge en un contexto de creciente desconfianza ciudadana. Las encuestas del INEGI revelan que el 70% de los mexicanos desconfía de la policía estatal y ministerial, mientras que el 63% considera que el sistema judicial es corrupto.
De aprobarse, el Estado de México sería pionero en legislar un tipo penal específico contra la fabricación de delitos, lo que abriría un debate nacional sobre la necesidad de replicar esta figura en otras entidades.
IMÁGENES DE ARCHIVO
El colectivo Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, en su primera movilización en la reciente administración de Delfina Gómez, en la ciudad de Toluca para visibilizar su demanda de amnistía a los falsos culpables. En Octubre de 2023.
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